por Enrique Castillo, Canciller de Costa Rica
Compartimos en un 100% y hacemos nuestro el sentir del nuevo Canciller de Costa Rica, Enrique Castillo, por lo demás nuestro amigo personal y cliente de la Francofonía.
Entre octubre y noviembre del año pasado, Costa Rica vivió una de las páginas más amargas de su historia reciente. Un país pacífico, democrático, sin ejército, que acoge con cariño y respeto a cientos de miles de sus hermanos, fue objeto de una infame violación que, por pequeño que sea el territorio ultrajado, no desmerita la gravedad del acto invasor.
Desde hace 153 años Costa Rica y Nicaragua han tenido y tienen acordada y definida su frontera terrestre, cuya demarcación en el campo, con la precisión y claridad cómo se realizó por parte de la Comisión de Demarcación, encabezada por el ingeniero y árbitro Edward Porter Alexander, hizo posible que por otros 113 años ambos países disfrutásemos de una frontera pacífica e indisputable, que además sirvió para que los órganos técnicos cartográficos de nuestros países apoyaran toda su cartografía oficial. Por la claridad y certeza de nuestra línea fronteriza, la ocupación del territorio costarricense en isla Portillos se convierte en un flagrante acto de violación de la soberanía e integridad territorial de Costa Rica.
No obstante, con el objeto de justificar una posición jurídica débil, nuestros vecinos consideraron pertinente sembrar la duda sobre la certeza de los límites, tergiversando no solo el texto de nuestros acuerdos fronterizos, sino reescribiendo además su propia historia cartográfica. Su estrategia consiste en deformar lo que decimos y hacemos. Esa es la situación en la que nos quieren poner y que defienden internacionalmente. Es en ese contexto en el que Costa Rica tiene que defenderse ante el máximo tribunal de derecho de las Naciones Unidas.
Lo hecho por Costa Rica. Es cierto que cada nueva administración, en una república democrática como la costarricense, se fija derroteros de política exterior que buscan avanzar la agenda de gestión pública que se considera más conveniente. Sin embargo, no puede quedar ninguna duda que la gestión de política exterior de Costa Rica en los últimos 50 años en el tema de defensa de la soberanía e integridad territorial ha sido consistente, independientemente del color político de la administración de turno. Esa consistencia se manifiesta en el rechazo inequívoco a toda y cualquier acción que ponga en peligro la integridad del territorio nacional.
Particularmente en el tema del dragado del río San Juan, Costa Rica asumió una posición clara de rechazo al dragado desde el 2006, porque tal y como fue anunciado por Nicaragua, este afectaría nuestros derechos. Esa oposición tiene su génesis en una decisión política, pero apoyada por los instrumentos que gobiernan el régimen fronterizo.
Igual que mis antecesores, y consistente con la posición del país, yo creo que Nicaragua puede realizar trabajos en el río San Juan, siempre y cuando exista garantía, a satisfacción de Costa Rica, de que tales trabajos no dañarán, ocuparán o afectarán el territorio nacional, sus ríos, o los derechos que Costa Rica posee en el río San Juan, o en su caso, en la bahía de San Juan del Norte.
He dicho que no había una regla que establezca que Costa Rica pueda oponerse al dragado por la oposición misma, pero no puede caber ninguna duda que nuestro país sí tiene un legítimo e indisputable derecho de oposición, debidamente reconocido por los instrumentos bilaterales y el Derecho Internacional, cuando se ponga en riesgo o se pueda afectar su territorio o sus derechos.
Por el contrario, Nicaragua intenta banalmente reescribir el Derecho Internacional y hacerle creer a la comunidad internacional que el derecho que pueda tener sobre el río San Juan la faculta no solo para dañar a Costa Rica, sino para alimentar la zozobra y la amenaza constante. A los costarricenses y a los miembros de la comunidad internacional, aseguro, sin ambigüedades, que Costa Rica no permitirá que la estabilidad de su frontera sea utilizada para juegos políticos o retóricos.
Me entristece mucho cuando escucho que algunas personas insinúan que los hechos acontecidos en isla Portillo son responsabilidad de la Cancillería. La culpa de las acciones de Nicaragua en la frontera es del Gobierno de Nicaragua, única y llanamente. Cada quien que ha ocupado la silla que hoy me honro en llenar, ha hecho los esfuerzos que ha estimado que son los necesarios a la luz de las realidades imperantes y de los desafíos que el débil sistema multilateral nos impone para proteger nuestra soberanía.
Es cierto que las acciones de unos y otros llevan un componente de estilo que es inherente a la personalidad que cada ser humano tiene, pero todos han hecho su mejor esfuerzo motivados por la causa de la patria, y ese es un hecho que debe ser defendido con vehemencia porque es la verdad.
Costa Rica continuará luchando y no claudicará en las medidas que ha tomado y que tenga que tomar para que quede completamente restablecido hasta el último centímetro cuadrado de nuestro territorio nacional.
A nuestros vecinos hacemos ver que somos un país de paz, que queremos la convivencia fraternal, y que nuestros pueblos esperan la restitución de los lazos que nos unen, pero tales aspiraciones solo pueden ser alcanzadas cuando haya genuinas e inequívocas muestras de respeto a los instrumentos que rigen nuestras relaciones y al fiel cumplimiento de las obligaciones que el Derecho Internacional nos impone compartir.
Ramón A. Mena Moya, naturalista, librero/editor, empresario, nació en Santo Domingo, República Dominicana en 1938. Realizó estudios de Ingeniería Civil y Topográfica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de Alta Gerencia en la Universidad de Michigan EE.UU.